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El Partido Castellano reclama a Lacalle el cese de la Concejala Dolores Calleja al estar implicada en un caso de aprobación de una licencia ilegal

El PCAS ha presentado en la mañana de hoy martes 15 de Abril un escrito dirigido al alcalde, Javier Lacalle, reclamándole el cese de la concejala del PP de Licencias y Vivienda, Dolores Calleja, al estar afectada en un caso de presunta aprobación de una licencia ilegal en el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, como consecuencia de la aprobación de una licencia de obras al margen de las normas subsidiarias, para la construcción de 11 viviendas en la localidad de Villaverde Peñahorada, actuación actualmente bajo investigación judicial, y que por actuaciones manifiestamente negligentes ha generado un enorme perjuicio a muchos ciudadanos y un coste al Ayuntamiento probablemente superior a los 1.700.000 euros. Los castellanistas consideran que estos hechos, y la responsabilidad directa que en los mismos tiene Doña Dolores Calleja, la inhabilita para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda, que agrupa las áreas de Servicios y de Obras del consistorio burgalés.

5 Dolores-Calleja

En 2005, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna otorgó una licencia de obras para la construcción de 11 viviendas en la localidad de Villaverde Peñahorada, de manera fehacientemente contraria a las nuevas normas subsidiarias de la localidad, y en particular, de las nuevas disposiciones relativas al retranqueo obligado de las construcciones a las vías interurbanas, de tal forma que el proyecto de construcción para el que se concedió licencia era inviable. Posteriormente dicha licencia de obras fue anulada en sentencia de Abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos número 2, y ratificada por sentencia de Marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Doña Dolores Calleja, Secretaria del Ayto.de la Merindad de Río Ubierna en aquellas fechas (2005-07) y en la actualidad, era por tanto la máxima responsable administrativa de la tramitación del expediente de la mencionada licencia, y a pesar de sus competencias y obligaciones, no obra en los correspondientes expedientes, informe jurídico o asesorativo alguno por parte de la Secretaría del Ayto., sobre la concesión de las citadas licencias, posteriormente anuladas.

Doña Dolores Calleja, conocedora de la aprobación de las nuevas normas subsidiarias, no advirtió necesidad de informar jurídicamente sobre la inviabilidad de la licencia de obras solicitada para las 11 viviendas de Villaverde Peñahorada, en un ejercicio que el propio Ayuntamiento ha calificado en Decreto de Alcaldía 283/2011 como “de desidia incomprensible, que como mínimo debe ser calificado de imprudente y desde luego, de negligente”, a pesar además de las numerosas denuncias presentadas por particulares contra la licencia de obras solicitada. Tampoco, y una vez que se interpusieron recursos administrativos y jurisdiccionales la Secretaría del Ayuntamiento emitió o solicitó informe alguno, lo que según el mismo decreto anteriormente citado, “el desconocimiento de la normativa urbanística aplicable y de la normativa administrativa son inexcusables, configurando un claro supuesto de falta de diligencia en el ejercicio profesional del cargo, causando un grave quebranto al Ayuntamiento”.

Y es que como pone en evidencia el PCAS, las 11 viviendas de Villaverde Peñahorada finalmente fueron construidas con una licencia ilegal, que fue anulada judicialmente, con la obligación de retrotraer las actuaciones urbanísticas a su situación inicial; es decir obligando a proceder al derribo de las 11 viviendas ilegalmente construidas. Las viviendas a fecha de hoy aún no han sido demolidas, pero existe un acuerdo del Ayto. de la Merindad de Río Ubierna con la empresa constructora, Redebur, para proceder a indemnizarla por un importe total de 1.300.000 euros por todos los conceptos, de los cuales ya ha percibido 500.000 euros.

Si tenemos en cuenta no solo los 1.300.000 euros de la indemnización, sino también los en torno a 400.000 euros que el Ayuntamiento ha gastado además en este caso, en procedimientos judiciales, informes jurídicos y técnicos, peritajes, etc… la “negligente actuación” de la Secretaria Municipal de la Merindad de Río Ubierna, le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos de este municipio la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino.

El Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna inició en 2010 un Expediente de Responsabilidad Patrimonial, contra los corporativos que aprobaron la licencia de obras ilegal y los técnicos municipales responsables de esta decisión, incluida la Secretaría Municipal Dolores Calleja en la actualidad en suspenso, al presentarse denuncia judicial en 2012 por los hechos descritos, por si fuesen constitutivos de delito, que están en la actualidad siendo objeto de instrucción judicial.

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Esta entrada fue publicada el abril 21, 2014 por en Actualidad, Burgos, Corrupción, CYL, Noticias, PCAS, Política, PP, Sociedad.
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