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PCAS denuncia en la Fiscalía la modificación del contrato de aguas de Toledo

Los castellanistas han pedido al Fiscal Jefe de Toledo que investigue si las modificaciones del contrato por las que se “perdonan” 70 millones de euros a Tagus pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos.

El PCAS ha presentado en la mañana de hoy una denuncia ante la Fiscalía de Toledo, para que se investiguen las circunstancias que han rodeado la condonación por parte del Ayuntamiento de la ciudad de 70 millones de euros en inversiones a la empresa Tagus, concesionaria del servicio de agua y alcantarillado. Desde el PCAS se considera que estos hechos, respetando plenamente el principio de presunción de inocencia, “pueden ser constitutivos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, tipificados todos ellos como delitos en los correspondientes artículos del Código Penal”.

Los castellanistas consideran que el informe del Interventor Municipal dejaba claro que la empresa debía asumir sus compromisos inversores y que “el perdón” de 70 millones se ha basado en decisiones políticas contrarias a los intereses de los toledanos y en beneficio de una empresa privada.

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La denuncia del PCAS, presentada por su Secretario General, Pedro Manuel Soriano, se basa en las siguientes alegaciones:

  1. Que ha tenido conocimiento de la comisión de diferentes irregularidades económicas por parte del Ayuntamiento de Toledo, entre las cuales están las modificaciones de un contrato público de servicios, otorgado a la empresa TAGUS. Dicho contrato fue adjudicado en el año 2006 por el Ayuntamiento de Toledo para la concesión del servicio de agua y alcantarillado en la ciudad. La concesión recayó sobre la empresa TAGUS, principalmente, por el compromiso de invertir más de 105 millones de euros en mejoras de la red durante los 25 años de vigencia del contrato. Sin embargo, recientemente, el Ayuntamiento de Toledo ha decidido “condonar” a la empresa TAGUS 70 millones de euros de inversión no realizada, en contra del criterio del Interventor Municipal.
  2. Que ha tenido conocimiento de la existencia de un informe del Interventor Municipal de Toledo en el que manifiesta “reparos” a la condonación del compromiso inversor de TAGUS. Estos “reparos” se han levantado por  medio de un Decreto de Alcaldía, perjudicando de esta manera la inversión comprometida a la ciudad de Toledo y, a la vez, modificando las condiciones de un contrato público.
  3. Que la empresa TAGUS, por su cuenta y riesgo, asumió en el momento del concurso unos incrementos de consumo previsto y unas inversiones de mejora de la red que, una vez que no se han cumplido ninguno de ellos, no deben ser soportados por los ciudadanos de Toledo. Las pérdidas que se producen en una empresa privada por los malos cálculos o la mala gestión que esta lleve a cabo, no deben ser soportados por los ciudadanos.
  4. Que ya en los informes técnicos del Ayuntamiento, en el momento de la adjudicación del contrato en 2006, se especificaba que la propuesta de TAGUS era la más arriesgada porque «los equilibrios financieros de las ofertas son más frágiles cuantas más mejoras ofrecen y más inestables cuantos más metros cúbicos prevén facturar».
  5. Que el Interventor Municipal, en su informe de fiscalización con reparos, indica que si bien se ha producido un «desequilibrio» económico porque no se han cumplido las expectativas de consumo y facturación, ese baremo no forma parte de  «los supuestos económicos básicos» que decidieron la adjudicación del contrato.
  6. Que con la aceptación e implementación del Plan de Reequilibrio Financiero y la revisión de las condiciones del contrato firmado en 2006 entre TAGUS y el Ayuntamiento de Toledo, se produce un perjuicio sobrevenido a las otras Empresas que participaron en el Concurso, presentando sus propias ofertas a la gestión del Agua en Toledo, que desconociendo la posibilidad de modificaciones tan ventajosas en el contrato una vez ya firmado, pudieron haber perdido el citado concurso al  sobrevalorarse las inversiones prometidas por TAGUS en su oferta y que ahora no van a ser ejecutadas, lo cual es una perversión de la figura del concurso público.

Finalmente, el PCAS ha solicitado a la Fiscalía que “tras la incoación de diligencias previas sírvase practicar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento y depuración de las responsabilidades que correspondan, por si los citados hechos fueran constitutivos de algún tipo de delito”.

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Esta entrada fue publicada el julio 29, 2014 por en Actualidad, Castilla, CLM, Noticias, PCAS, Toledo.
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