Cofely, principal empresa de la «operación Púnica”, ingreso por actuaciones en el Hospital de Burgos 25 millones de Euros

El Partido Castellano dentro la reclamación de que se investiguen las implicaciones existentes con Burgos de la «Operación Púnica», acción contra la corrupción que desarrolla el grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, expone a la opinión pública la urgencia de que se aclaren rápida y exhaustivamente los trabajos realizados en Burgos, y especialmente en la climatización del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y sus modificaciones, por la empresa CofelyContracting, filial en España de GDF Suez, e implicada en la trama de corrupción que presuntamente dirigían Francisco Granados y David Marjaliza, cuyo director general Didier Maurice y tres de sus más altos directivos han sido detenidos. Según las informaciones que obran en poder de la formación castellanistas, Cofely podría haber recibido una cifra en torno a los 25 millones de euros por sus actuaciones en la construcción del Nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y algunos de sus modificados ulteriores. Así, Cofely fue la adjudicataria de la implementación de los Servicios de Climatización del HUBU, por importe de 17 millones de euros, aunque finalmente recibió más de 21 millones de euros (con un incremento del coste inicial cercano al 25%, cuatro millones de euros más). Además Cofely fue la adjudicataria de las obras asociadas a la Climatización del HUBU, en varios de los modificados posteriores a la redacción del proyecto inicial del HUBU, por importes que rondarían los 4 millones de euros más.

Por tanto, Cofely podría haberse hecho con un total de 25 millones de euros de dinero público, por su intervención en el HUBU, constituyendo así la mayor operación económica que la empresa clave de la corrupción que aflora la “Operación Púnica” realizó en Castilla y León. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León, que dice haber puesto este jueves encima de la mesa sus expedientes con Cofely, y que suman pagos por 6 millones de euros, y los ha remitido a la Audiencia Nacional, invitando a todas las administraciones, a hacer lo mismo, olvida que el dinero con el que se paga la construcción y mantenimiento del HUBU es también dinero público de los ciudadanos de Castilla y León. A estas cifras hay que sumar un contrato de la sociedad pública Somacyl, con la Universidad de Valladolid para poner en marcha una Red de Calor, adjudicada por 7,5 millones y financiada a través del Banco Europeo de Inversiones. La propia empresa Cofely reconoce en su página web que su participación en la construcción del HUBU, constituye uno de sus seis proyectos más destacados en España.

Desde el PCAS reclaman que se aclaren las cantidades millonarias aportadas por la UTE adjudicataria del nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y formada por las empresas OHL y Urbanizaciones Burgalesas, y por la empresa concesionaria de esta instalación hospitalaria, EFICANZA, a la citada empresa Cofely por la implementación de las Instalaciones de Climatización y los sucesivos modificados de esta Climatización en el HUBU. Los castellanistas recuerdan que CofelyContracting, filial de la multinacional francesa GDF Suez, era utilizada como intermediaria en la consecución de contratos multimillonarios por parte de la trama de Granados y Marjaliza, y que la Guardia Civil le atribuye la consecución irregular de hasta 160 millones de euros en contratos, parte de los cuales destinó a pagar las adjudicaciones amañadas a políticos y técnicos participantes en esta trama. El PCAS considera que el HUBU, cuyo coste inicial de 242 millones de euros se disparó hasta casi 450 millones de euros, con una concesión anual a la empresa EFICANZA por 70 millones de euros anuales y con unos beneficios garantizados del 7% de su facturación, ha manejado en exclusiva dinero público, procedente del bolsillo de todos los ciudadanos de Castilla y León a través de la Junta de Castilla y León y sus cuentas deben ser transparentes y accesibles.

Los castellanistas también exigen aclarar las posibles vinculaciones con la Operación “Púnica” que afectarían al antiguo alcalde de Burgos por el PP, Juan Carlos Aparicio, perteneciente a la cúpula directiva de INDRA y a sus órganos de Control y Auditoría, empresa actualmente investigada por la adjudicación de contratos millonarios que le efectuó la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cuyo consejero delegado, José Martínez Nicolás ha sido detenido por esta causa. El PCAS considera que la «Operación Púnica» también afecta a Burgos en la persona de su exalcalde Juan Carlos Aparicio, al estar siendo investigada la empresa de cuyos órganos de gobierno participa, INDRA por los contratos que le adjudicó el hoy detenido por presunta corrupción, Jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, desde la que se controla el sistema informático de la Comunidad de Madrid cuyo nombramiento se efectuó cuando francisco Granados era consejero de Presidencia; la citada agencia tiene asignado para este año un presupuesto superior a los 155 millones de euros, con una importante partida dedicada «a contratos con terceras empresas». Juan Carlos Aparicio es Vocal del Consejo de Administración de INDRA en representación de la SEPI por indicación del PP con una remuneración de 100.000 euros al año, y además es relevante señalar que Juan Carlos Aparicio es específicamente miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de INDRA, que debe velar por la calidad, transparencia y control de los contratos que efectúa esta empresa.

Juan Carlos Aparicio ya ha estado salpicado por otros casos de corrupción investigados por la Justicia, así, su nombre aparecía citado en los «Papeles de Bárcenas» dentro de los apuntes contables que explicitan pagos ilegales en metálico durante el año 1992, desde la sede nacional del PP al entonces diputado del PP, Juan Carlos Aparicio por importe de 650.000 pesetas y al exalcalde de Burgos José María Peña, por importe de 30 millones de pesetas.

El PCAS exige la regeneración del sistema político, que pasa por una previa e intensa persecución implacable de la corrupción y un endurecimiento de los criterios de control, transparencia y funcionamiento económico de los partidos políticos, como medidas ineludibles para el rescate ciudadano de la democracia y de las instituciones públicas.